La deuda más difícil de saldar

Néstor O. Scibona
Domingo 19 de diciembre de 2010

Nunca la Argentina tuvo un crecimiento económico tan alto como el de los últimos años (el PBI acumuló una suba de 70% en el período 2002/2010), pero pocas veces se tradujo en una declinación tan baja de la pobreza, especialmente desde 2007. Pocas veces el gasto público trepó como ahora, a niveles cercanos al 40% del PBI, de la mano de una presión tributaria récord, pero nunca se lo ha asignado tan mal y en forma tan poco transparente en áreas sociales. La desocupación bajó a una tercera parte desde los niveles récord de los 90, pero desde 2009 crece más el empleo público que el privado y se mantiene por encima de 35% la proporción de trabajadores en negro, verdaderos indocumentados laborales, sin acceso a obras sociales, crédito bancario y jubilación. Algo debe fallar en el "modelo" que se promociona con bombos y platillos desde la Casa Rosada. Y esto complica avanzar en la reducción de la deuda social, que no originó el kirchnerismo pero tampoco contribuye a saldar.

La inflación de dos dígitos anuales, que volvió a instalarse en 2006 y desde entonces viene escalando casi ininterrumpidamente por más que el Gobierno insista en minimizarla, explica sin duda buena parte de este problema. Muchos especialistas la definen como "una máquina de producir pobres": resulta mucho más complicado bajar la pobreza si al mismo tiempo se la realimenta. Hoy se ubica en torno de 25% anual, aunque el Indec reconoce 11% y sólo contribuye a camuflarla. Claramente, no hace falta convocar a técnicos del FMI para elaborar un nuevo índice de precios más confiable, si no existe la decisión política de sincerar los valores que registra el Indec.

La manipulación estadística también encubre la verdadera magnitud de la pobreza. Para el Indec, la canasta básica total para una familia tipo cuesta hoy 1244 pesos mensuales; para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 2054 pesos. De ahí que la pobreza alcance al 12% según el Indec y no baje de 25% para la mayoría de las estimaciones privadas. Más sorprendente resulta un estudio elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces (del Cedlas-Universidad Nacional de La Plata): revela que la tasa de pobreza en el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos se ubicaba en 2009 en niveles similares a los de mediados de la década del 90 y sólo era superada por los picos de la hiperinflación de 1989/90 y la crisis de 2001/2002. Otro tanto ocurre con la desigualdad social. Según este estudio, del total de la población pobre más de 40% son niños menores de 15 años y más de 60% menores de 25. Un 46% se concentra en el GBA.

En este contexto, la Asignación Universal por Hijo fue un gran avance, aunque sólo para paliar el problema. Permite reducir sustancialmente la indigencia (y la desnutrición) en un 20% de los hogares (con 4,8 millones de niños y adolescentes), también el clientelismo político en su asignación, la deserción escolar y la falta de vacunación. Pero la AUH no quedó a salvo de la inflación: aunque fue elevada a 220 pesos mensuales (y probablemente tenga otro aumento), su poder adquisitivo real se redujo en casi un tercio. Paralelamente, y cuanto mayor sea su monto, la AUH constituye un desincentivo para la formalización laboral. De hecho, el trabajo en negro en los sectores más pobres alcanza a 74% y el desempleo a 23,1%. Según Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social, hoy la Argentina contabiliza 3,9 millones de chicos cuyos padres tienen trabajo formal y 3,6 millones que son hijos de trabajadores informales. Por eso propone una reforma de segunda generación que apunte a la capacitación y formalización laboral y al otorgamiento de microcréditos para proyectos productivos, a fin de evitar que el tráfico de drogas sea una salida laboral. También sugiere que la tarjeta de débito de la AUH sea utilizada para focalizar subsidios, por ejemplo, en tarifas de servicios públicos.

Sin embargo, la pobreza por insuficiencia de ingresos es sólo una parte del problema.

El drama de la pobreza estructural

Los violentos enfrentamientos en Villa Soldati pusieron en primer plano -al alto costo de muertos y heridos- lo peor que rodea al drama de la pobreza estructural y que, por cierto, no se circunscribe a las villas de emergencia porteñas. Allí no sólo se vio la negligencia estatal, sino también el uso político y clientelar del problema, como lo sugirió la dudosa espontaneidad de la ocupación y el aún más dudoso desalojo en tiempo récord del precario parque Indoamericano. Pero además de los punteros hay un uso clientelar de fondos públicos en la asignación de planes de construcción y de viviendas sociales, más allá de las excepciones en muchos distritos más pequeños y el arduo trabajo de muchas ONG.

Este abordaje atomizado del déficit habitacional complica aún más las soluciones de fondo. Arroyo explica que el área metropolitana (Capital y GBA) representa el 1% del territorio argentino, pero concentra un tercio de la población del país y allí habitan 2,5 millones de personas en viviendas precarias. Como los planes no alcanzan frente a las migraciones internas y externas, muchos particulares de cualquier condición social también lucran con estas necesidades. En el diario Página 12 , los investigadores sociales Shila Wilker y Javier Auyero explicaron un sistema perverso, alimentado además por la inflación: en dos años el subsidio habitacional porteño -que abarca períodos de sólo tres a seis meses- subió de 400 a 750 pesos mensuales (87,5%), pero los alquileres en hoteles y villas de emergencia se elevaron hasta valores de 800 a 1000 pesos por mes. A su vez, el Observatorio de la Deuda Social (Universidad Católica Argentina), revela que esos alquileres tuvieron un aumento cercano al 100% entre 2007 y 2009, muy por encima de cualquier medición inflacionaria. El negocio inmobiliario llegó a las villas.

Otro problema está en las condiciones de vida de quienes poseen vivienda. El mismo trabajo de la UCA revela que el porcentaje de hogares con carencias se redujo de 51% en 2004 a 44% en 2009. El mayor avance se produjo en agua corriente (el déficit bajó de 19 a 10%) y el menor en el acceso a la red de gas (de 22 a 19%), que obliga a pagarlo más caro en garrafas. El déficit de conexión a la red cloacal bajó de 41 a 32% en el mismo período, pero se mantuvo casi constante en las villas (de 77 a 75%). Otro tanto ocurrió con el hacinamiento (tres o más personas por cuarto), que en asentamientos precarios se redujo de 11 a 9%, pero repuntó desde 2007. El kirchnerismo hizo obras, pero con criterio más político que social.

Estos indicadores muestran que, con la magnitud del problema de pobreza y vivienda, resulta absurdo plantearlo como un juego del Gran Bonete, trazando divisiones en el área metropolitana en lugar de diseñar una política integral y articulada, con diagnósticos, objetivos, inversiones y plazos. Mucho más si no se ataca la inflación, el uso discrecional del gasto social, la baja calidad educativa y las causas del empleo en negro. No es lo mismo repartir fondos sin fijar prioridades o destinarlos al déficit de Aerolíneas o de los clubes de fútbol que ponerse a trabajar en políticas de Estado que vayan más allá de cada gobierno.