Condena a Crevron

Un fallo histórico para el derecho ambiental

Bárbara Schijman
Revista Debate


Fueron dieciocho años de reclamos y querellas. Pero, finalmente, un tribunal de Lago Agrio encontró a la petrolera estadounidense Chevron responsable del daño ambiental en la Amazonia ecuatoriana, por lo que le impuso una suma de 9.510 millones de dólares en concepto de indemnización y gastos de limpieza. Sin embargo, la empresa insiste en su metodología de “trabajo responsable” y sostiene su teoría de ser “víctima de una extorsión” en un caso que considera colmado de mentiras. Una batalla enérgica entre unos y otros, llena de acusaciones y contraacusaciones, y con millones de dólares de por medio. Una pelea que termina con áreas de la Amazonia plagadas del olor a crudo, con fuentes de subsistencia de muchos de sus pobladores teñidas de negro y considerables problemas de salud adjudicados a la explotación petrolera.

En 1993, treinta mil ecuatorianos presentaron una demanda contra Chevron por las graves consecuencias derivadas de su explotación en esas extensas zonas. Casi dos décadas después, el 14 de febrero último, “el juicio del siglo” impuso sobre la compañía un monto millonario en calidad de costos de limpieza ambiental en una histórica demanda colectiva en la Amazonia ecuatoriana.

Agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonia, las comunidades indígenas acusan a Texaco -adquirida por Chevron en 2001- de verter residuos tóxicos y desechar miles de millones de litros de agua contaminada en la selva por más de dos décadas, durante los años setenta y ochenta del último siglo, antes de que la compañía se fuera de Ecuador a inicios de la década de 1990. Según alegan, la explotación trajo aparejadas consecuencias nefastas para la región, tanto en el ecosistema como en la población indígena. Entre ellas, un legado de problemas de salud generalizados, como múltiples casos de cáncer y defectos de nacimiento diversos. Mientras tanto, Chevron demandó en Estados Unidos a numerosas entidades y abogados ecuatorianos por considerarlos parte de una conspiración para “extorsionarla”.

Consultado por Debate, Kevin Koenig, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, 
una organización sin fines de lucro que ha trabajado desde los inicios del caso para respaldar al pueblo ecuatoriano y proteger a la Amazonia, aseguró que “las miles de pruebas que se han tomado al agua, al suelo, y a las aguas subterráneas, han evidenciado niveles extremos de contaminación”.

Sin embargo, Kent Robertson, gerente de Asuntos Gerenciales, Política Comunicacional y Asuntos Públicos de Chevron Corporation, explicó a este medio que “los registros científicos demuestran de forma consistente que la subsidiaria de Texaco fue un operador responsable”. Según el ejecutivo, “los abogados de los demandantes se han aprovechado de las debilidades intuitivas del poder judicial de Ecuador”. También, a través de un comunicado, la compañía afirmó que se ha tratado de un juicio “fraudulento y contrario a las evidencias científicas legítimas disponibles”.

Pero desde Amazon Watch, Koenig asegura que “el comportamiento imprudente y racista de Chevron ha causado una crisis de salud pública. Los estudios han atribuido por lo menos 1.401 muertes de cáncer en la región a la contaminación del petróleo, así como una elevada tasa de aborto involuntario. Las vidas, tierras y culturas de los pueblos nativos de la región fueron diezmadas, y hoy se encuentran luchando por la supervivencia”.

Luego del pronunciamiento del tribunal, Chevron presentó una demanda sustentada en la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar (RICO, por su sigla en inglés), así como en otras leyes federales y estatales.

Habrá que esperar entonces una decisión final para el curso de 2012. De todas maneras, y más allá de lo que pueda suceder, lo cierto es que se trata de un juicio sin precedentes. Una lucha incansable que deja un antecedente de vital importancia para los casos de justicia ambiental en el mundo entero y resguarda, al mismo tiempo, los derechos de las comunidades indígenas a la preservación de su hábitat, su cultura y su propia vida.

De hecho, los problemas para Chevron por el tipo de explotación que lleva adelante en América Latina sumaron un nuevo capítulo hace pocas semanas. La agencia de protección ambiental de Brasil aplicó una sanción a la corporación estadounidense de 5,4 millones de dólares, que se suma a otra anterior de 28 millones. Ambas se deben a la violación de su licencia ambiental por fugas de petróleo. El 7 de noviembre último se detectó un derrame en un pozo de prospección de Chevron, ubicado a unos 370 de la costa nordeste del estado de Río de Janeiro. Las autoridades, además, solicitaron que se presenten cargos contra 17 personas por no proveer información a la policía. Si se comprueba el delito, podrían ser condenados a hasta catorce años de prisión. “Durante la investigación, la fiscalía concluyó que Chevron y Transocean no fueron capaces de controlar el daño causado por el derrame de casi tres mil barriles de crudo, prueba de la falta de planificación ambiental de las compañías”, argumentó la justicia brasileña en un comunicado.

KEVIN KOENIG, COORDINADOR DE AMAZON WATCH EN ECUADOR 


“Llegaron como un ejército invasor”

¿Cómo comenzó el caso?

El caso “Aguinda vs Chevron” se presentó primero en Nueva York, en 1993, sede de Texaco, donde se tomaron gran parte de las decisiones de utilizar tecnología barata y de mala calidad. La demanda provino de treinta mil indígenas y agricultores afectados. Chevron luchó diez años para que el caso fuera enviado a Ecuador. Para ello, proporcionó más de una docena de declaraciones juradas acreditando la transparencia, independencia y competencia del sistema judicial ecuatoriano. Finalmente, un juez de Nueva York aceptó el pedido, pero Chevron debía aprobar varias condiciones, como la jurisdicción en Ecuador y cualquier sentencia dictada por el tribunal. Cuando el caso pasó a Lago Agrio, Chevron cambió el tono, alegando que la compañía era “víctima” de una corte parcial.

Chevron apunta a la responsabilidad de Petroecuador. ¿Cuál fue el rol de la empresa estatal en el período señalado?

Durante el tiempo de las operaciones de Texaco, Petroecuador era un accionista mayoritario, pero sólo en los papeles. La empresa estatal nunca antes había extraído crudo. El caso fue presentado en 1993, un año después de que finalizara el contrato de Texaco y se le entregaran las operaciones a Petroecuador. Así que ésta no es parte en el caso, aunque Chevron intentó involucrarla como una parte central de su defensa. Puede que a Petroecuador también le llegue su momento en la Corte, y Chevron será más que bienvenido a presentar pruebas.

¿Cómo cambió la vida de las comunidades afectadas luego de la llegada de la empresa?

Antes de la llegada de Texaco, el norte amazónico de Ecuador era un centro de biodiversidad próspero, y base de la subsistencia física y espiritual de cinco nacionalidades indígenas. En 1964 todo eso cambió. Texaco llegó con todo el ingenio de un ejército invasor; construyó cientos de kilómetros de caminos y tuberías, detonando dinamita a lo largo de senderos sísmicos que entrecruzaban las tierras indígenas y los territorios de caza, y perforando y vertiendo a su antojo. En ese momento, dos grupos de indígenas nómadas, los Tetetes y los Sansahuari, habitaban la región y permanecían hasta entonces sin contacto con el mundo exterior. Poco después de la llegada de Texaco, se informó sobre su desaparición. Ahora, los grupos están al borde de su extinción cultural, después de haber perdido gran parte de sus tierras y tradiciones, y de tener que lidiar con enfermedades relacionadas con el petróleo, desconocidas hasta entonces.

KENT ROBERTSON, GERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS DE CHEVRON


“La subsidiaria de Texaco era un operador responsable”

¿Por qué razones Chevron considera ilegítimo el juicio en su contra?

Existe una abrumadora evidencia que demuestra que el juicio en Ecuador se ha visto empañado por la mala conducta de los abogados de los demandantes. Ocho tribunales federales de Estados Unidos han marcado hechos fraudulentos. Los archivos del juicio y los registros científicos demuestran de forma consistente que la subsidiaria de Texaco, que tenía una participación minoritaria en el consorcio de Ecuador, era un operador responsable. La compañía, a su salida del país, realizó una remediación efectiva de los impactos de la producción, que resultó técnica y legalmente satisfactoria para el gobierno. El saldo de las tareas de saneamiento, aún por completarse, es única responsabilidad de Petroecuador.

¿Por qué considera entonces que el tribunal ecuatoriano encontró a la empresa responsable de los daños ambientales y sociales en la región?

Los abogados de los demandantes se han aprovechado de las debilidades intuitivas del poder judicial de Ecuador, y las utilizaron en beneficio propio. El principal abogado estadounidense de los demandantes aparece en una grabación comentando en repetidas ocasiones que los jueces en Ecuador son “corruptos”. También aparece discutiendo su táctica de intimidación a los jueces y dice: “el único lenguaje que este juez va a entender es el de la presión, la intimidación y la humillación”. Hasta ahora, los tribunales ecuatorianos han estado dispuestos a tolerar esta mala conducta. Pero no son las acciones que implementan los abogados en un caso legítimo.

¿En qué instancia se encuentra la apelación presentada por Chevron?

Chevron aportó a la Corte una cantidad de pruebas contundentes de la mala conducta de los abogados de los demandantes y las autoridades de Ecuador. Esto incluye un e-mail en el que uno de los abogados admite que la revelación de sus actividades fraudulentas podría significar que “todos nosotros podríamos ir a la cárcel”.

Hasta la fecha, las autoridades de Ecuador han optado por no actuar. El 1o de febrero de 2011, Chevron presentó una demanda Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) contra los demandantes, sus abogados y sus partidarios en Estados Unidos. Allí se documenta de qué modo los representantes de los demandantes se involucraron en la extorsión, fraude postal y telegráfico, obstrucción de la Justicia, manipulación de testigos, lavado de dinero, y una larga lista de actos de conducta impropia.

Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2012/01/06/4899.php